Ciudadanos exige su renuncia después de que el TSJA cite al consejero de Economía a declarar como investigado por un delito de prevaricación administrativa
El Gobierno de Susana Díaz ha visto este miércoles cómo se acentuaba la presión de sus socios, Ciudadanos (C’s), para que fuerce la dimisión del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, citado a declarar la semana que viene por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en calidad de investigado (antes imputado). La Fiscalía Superior denunció al consejero por prevaricación administrativa, el mismo delito que se le imputa a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el marco del caso ERE. En este caso, Díaz propició la dimisión de sus predecesores para evitar poner en riesgo su pacto de investidura con C’s.
Arellano tendrá que declarar ante el juez el 10 de mayo en la Sala Civil y Penal. El TSJA ve posibles «irregularidades» en la adjudicación de una obra cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. La Fiscalía Superior denunció por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público al consejero tras una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
La investigación judicial en torno a Arellano, uno de los fichajes independientes de Díaz, ha tensionado su situación dentro del Ejecutivo andaluz. El vicesecretario general de C’s, José Manuel Villegas, confirmó ayer que el pacto con el PSOE-A «estará en peligro» si Díaz mantiene a Arellano en su puesto. «Si no se cumple el pacto, lógicamente el Gobierno de Andalucía estaría en peligro. No puede haber imputados, así que deberá abandonar», dijo.
La estrategia visible de la Junta y del PSOE pasa por desligar este caso de otros asuntos en los que trasluce un supuesto delito de corrupción. La propia presidenta, cuando ha sido preguntada al respecto, trata de restar hierro al tema, y recalca que una denuncia contra un representante público por alguna decisión administrativa adoptada durante su gestión es habitual, y nada tiene que ver con una imputación por delitos relacionados con la corrupción. En el relato oficial se recuerda, además, que se investiga a Arellano por su etapa como vicerrector de la Hispalense, no como consejero.
Sin embargo, pese a la rotundidad con la que está reaccionando la Junta en público, de puertas para adentro existe una «incomodidad» que se ha acrecentado en los últimos días, y que afecta especialmente a la presidenta. La agenda pública del consejero ha sido modificada en varias ocasiones para restarle visibilidad, o para evitar que coincida en primera línea con Díaz u otros miembros de la Junta.
«La presidenta defiende a su consejero, pero sabe que al final en la gente cala la idea que vende el PP: que es lo mismo un imputado por corrupción, como el exalcalde de Granada, que un investigado por un tema administrativo. Y que somos contundentes con la oposición, pero no con nosotros», dice una fuente de la cúpula del Gobierno andaluz. Esta fuente baraja que Díaz exija a Arellano que dé «un paso atrás» si tras declarar ante el TSJA la semana que viene, el juez mantiene su imputación. «Aunque no sea un caso de corrupción, la presidenta no quiere que el PP explote en campaña electoral la idea de que tiene a un miembro de su Gobierno imputado», dicen las misma fuentes. Llegado a este punto, Arellano tendría que dimitir, ya que la Junta no baraja la opción del «cese temporal» –que usó cuando imputaron a la exdirectora de Minas por el caso Aznalcóllar (luego desimputada)–.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, rechazó este miércoles que vaya a «apartar» del Consejo de Gobierno al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, tras su citación a declarar como investigado el 10 de mayo en relación a su gestión como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. «Es un tema administrativo», dijo Díaz, que añadió que es «una pelea de arquitectos con la Universidad de Sevilla por el tema de una biblioteca y eso se contesta por sí mismo», aseguró a preguntas de los periodistas durante una visita al Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, en Gérgal (Almería).
Díaz trasladó que es «bueno» que cuanto antes «se aclaren estos temas administrativos» que «están relacionados con la universidad» y se mostró convencida de que la propia institución hispalense «también se sentirá satisfecha de que cuanto antes se pueda esclarecer el tema».
La reacción de Ciudadanos en Andalucía fue mucho menos contundente que la que horas después ofreció el número dos de Albert Rivera, José Manuel Villegas, quien dio un ultimátum a Díaz para que expulsara a Arellano de su Gobierno.
Fuentes de Ciudadanos en Andalucía explicaron a Europa Press que la formación se ratificaba ayer en las mismas declaraciones que ha venido haciendo desde que la justicia abriera diligencias por la actuación del consejero de Economía. «Si le imputan un delito de corrupción política exigiremos el cumplimiento del pacto anticorrupción», advirtieron.
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