Leer las páginas de
los programas electorales dedicados a las políticas
sociales resulta paradójico: todos coinciden, no les queda otra, en
cuestiones como combatir la exclusión social,frenar los desahucios, garantizar
el sistema de pensiones,proteger a los menores, pelear
contra la violencia de género...y, sin embargo, en el apartado
social aparecen también enormes diferencias entre unos y
otros. Es terreno abonado para marcar distancia ideológica.
Un vistazo a los programas del Partido Popular y
Ciudadanos evidencia que las grandes medidas de ambos tienen un claro
cariz económico. «No hay política social posible sin una buena política
económica que nos permita crecer y crear empleo, aumentar la
recaudación y sanear las cuentas públicas», sostiene el PP.
PSOE y Unidos Podemos, la confluencia de Podemos e
Izquierda Unida, hacen del ámbito social un eje de sus
programas. Las dos formaciones coinciden en que el momento actual obliga
a tomar soluciones de urgencia. El Partido Socialista apuesta por
«establecer mediante una ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de
carácter no contributivo» que ofrecerá recursos mínimos a familias en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
Unidos Podemos explica en su documento programático común,Cambiar
España: 50 pasos para gobernar juntos, que «nada es más urgente que ayudar
a las familias que han perdido su casa, a los que han tenido que cerrar
su negocio, a quienes lo han perdido todo durante esta crisis». Una apuesta
clara, con matices, porque hay otras cuestiones de las que también se indica
que «nada es más urgente»: el cambio de gobierno, la protección a
quienes tienen «salarios de miseria», la recuperación de la inversión en
sanidad pública, poner fin al «robo sistemático de dinero público»...
Tienen claro que «un cambio en la política presupuestaria» debe ser la base.
La renta garantizada «para todos los ingresos por debajo del
umbral de la pobreza monetaria» es una de las medidas de Unidos Podemos. La
cuantifican entre 600 y 1.290 euros, en función del número de
miembros de cada «unidad de convivencia».
El Partido Popular basa la mayor parte de sus medidas en la
familia, «el centro de nuestras sociedad». Propone «elevar al máximo la
política de familia y potenciar todos aquellos servicios, medidas y políticas
sociales que las favorezcan», como un plan de incentivo fiscal, con una
«atención especial a las familias que peor lo están pasando». El modelo
de familia es ideal, al parecer, para marcar distancias. El PP concede
especial importancia a lasfamilias numerosas, mientras PSOE y
Unidos Podemos dan cabida a las personas que forman parte del colectivo LGBTdentro
del ámbito de las unidades de convivencia. Algo más que matices.
En sanidad, nadie discute lo evidente: es un pilar
del Estado social. A partir de ahí, discrepancias. Unidos Podemos,
Ciudadanos y PSOE coinciden en exigir la cobertura universal y sin
copagos. El PP matiza que se han visto obligados a racionalizar la
situación en la que recibieron la sanidad, y destacan como ejemplo de
despilfarro que el turismo sanitario costaba 1.000 millones anuales. Insiste en
dar «la misma sanidad para todos los españoles» y plantea un Plan Nacional de
Reducción de Listas de Espera. Ciudadanos puntualiza que limitará
las prestaciones de los inmigrantes en situación irregular.
La política de vivienda es también motivo de distinción. El PSOE,
atento a las situaciones más urgentes, creará si gobierna una oficina central
antidesahucios y pondrá «a disposición de la familia que haya aplicado la
dación en pago una vivienda» de alquiler social. El PP explica que «seguiremos
fomentando el acceso a la vivienda a las personas y familias
socialmente vulnerables, especialmente para hogares con menores y personas
discapacitadas o dependientes entre sus miembros». C’s destinará al alquiler
social las viviendas procedentes de desahucios. Unidos Podemos, por su parte,
habla de la «paralización de los desahucios por motivos económicos probados.
Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la
reestructuración de la deuda hipotecaria».
Ciudadanos pide un pacto
nacional por la educación para un sistema «más equitativo» y la «verdadera
gratuidad de la enseñanza», con medidas que incluyen libros de texto
gratis. El PP garantiza el derecho al concierto y la elección de centro,
público o concertado. El PSOE apuesta por la gratuidad garantizada de la
escolarización entre cero y tres años y por la FP como alternativa a ampliar.
Unidos Podemos habla de «educación pública, gratuita, laica e inclusiva mediante
la ampliación de centros de titularidad pública, hasta cubrir todas las
necesidades de escolarización de Educación Infantil (cero-seis años)». No hace
falta casi ni decirlo, pero el futuro de
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